ACCIÓN Es un derecho subjetivo, público, abstracto u autónomo, propio de todo sujeto de derecho, y que tiene por finalidad requerir la tutela jurisdiccional del Estado a través de sus órganos respectivos. Como hemos señalado en otras ocasiones, ello es así «aunque el derribo… sea una medida gravosa y suponga en sí misma costos elevados»; son, sin duda, los invocados con base en los argumentos expresado, derechos respetables y argumentaciones dignas de consideración, pero sin potencialidad jurídica suficiente para enervar la ejecución de una sentencia firme. Dentro de un medio de control de nulidad y restablecimiento del … de la licencia de construcción del tanatorio por haberse concedido con el régimen jurídico vigente en un Plan General de Ordenación Urbana que es declarado nulo de pleno derecho por sentencia firme en proceso paralelo. Reforzando ello, cabe mencionar el valioso criterio jurídico que nos El primer supuesto contemplado por el artículo 105.2 LJCA para solicitar del Juez o Tribunal la declaración de inejecutabilidad total o parcial de la sentencia y la fijación de la correspondiente indemnización por la parte en que aquella no pueda ser objeto de cumplimiento pleno, es el de la concurrencia de causas de imposibilidad material.  Cuando la sentencia tenga como resolución una sanción, el Tribunal Planteados así los términos del debate, el TS resuelve la controversia empleando la argumentación jurídica que se recoge en los fundamentos de derecho séptimo, octavo y noveno donde se dice lo siguiente: Pues bien, llevan razón los recurrentes cuando alegan que el punto de partida de los autos que se impugnan parten de la existencia de partes (y propietarios) afectadas/os -y no afectadas/os- por la declaración de ilegalidad en cuya fase de ejecución nos encontramos; debe, por tanto, insistirse en que estamos en presencia de una declaración de ilegalidad de las licencias que posibilitaron la construcción del denominado Edificio Bernat de (…) y de sus aparcamientos. WebVisto por la Sección Cuarta, de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, compuesta por los Excmos. Costas . WebEn todo lo demás, el recurso contencioso-administrativo debe ser desestimado. A esta conclusión se llega haciendo extrapolación del deber que el TS se impuso así mismo en la sentencia de 27 de julio de 2001(10) cuando dijo que “(…) el control que debe efectuar este Tribunal en supuestos de ejecución por equivalente, debe ser marcadamente estricto, debiéndose comprobar con el máximo rigor cuáles han sido las razones que han llevado a la Sala sentenciadora a declarar la imposibilidad de cumplimiento”. partes deben traer las pruebas, el tribunal ya no da paso, salvo la inspección 4 0 obj En consecuencia, ninguna causa de imposibilidad material podemos apreciar para proceder al, que hemos denominado, destino natural de lo indebidamente edificado; esto es, su derribo o demolición. 27 de Septiembre de 2021. En ese sentido el artículo 139 de la Constitución Política del Perú señala que son principios: […] «la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional». Además, el proceso contencioso administrativo consta de 4 principios según el Texto Único Ordenado de la Ley 27584, que son lo siguientes: 1. Principio de integración.- … Aquí son superiores razones de interés público apreciadas por el Gobierno de la Nación, o, en determinados supuestos, por el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, las que impiden que lo fallado en una sentencia sea llevado a su puro y debido efecto, debiendo acordarse por el Juez o Tribunal competente, la correspondiente compensación económica para de, alguna manera, mitigar los efectos la inejecución producida. el que constarán los votos de los jueces que no formaron parte de la mayoría En la sesión preparatoria, el tribunal programa la audiencia principal (artículo 420). Esta realidad incontestable lleva a plantearse qué margen de maniobra tiene la autoridad judicial para apreciar la concurrencia de las posibles causas de imposibilidad alegadas cuando el plazo fijado en el artículo 105.2 ha vencido, es decir, si puede tramitar el incidente al que se refiere dicho precepto y resolver lo que corresponda o, por el contrario, si ha de entender que aquel plazo es de caducidad y por consiguiente, desestimar de plano la solicitud formulada por la Administración. Esta cuestión ha sido resuelta adecuadamente por el Tribunal de instancia al señalar que dicho plazo no es de caducidad, pues la imposibilidad de ejecutar una sentencia lo es en cualquier momento, como ha tenido ocasión de señalar esta Sala en sus autos de 6 de abril de 1992 ( RJ 1992, 2630) , 15 de marzo de 1993 ( RJ 1993, 1603) y 30 de enero de 1996 ( RJ 1996, 690), así como en la sentencia de 12 de septiembre de 1995 ( RJ 1995, 6693) , en cuyo fundamento de derecho tercero se afirma que: «debe tenerse en cuenta que, si inicialmente la doctrina de este Tribunal acogió una interpretación estricta en orden a la observancia de dicho requisito temporal, en sintonía con la tesis de los recurrentes, en una ulterior etapa jurisprudencial, es posible distinguir a estos efectos el supuesto contemplado en el artículo 105.2 y el que se regula en el artículo 107, ambos de la Ley de la Jurisdicción. María Fernanda Morales Ulloa 71 WebSentencia C-043/02 . 1. Si la medida consistiera en la emisión de un acto o en la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo. En consecuencia, debemos acoger los motivos planteados por los recurrentes, anular los Autos impugnados y declarar que no concurre causa de imposibilidad material para la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 30 de marzo de 1994 , y confirmada por la de este Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2000 ( RJ 2000, 1937)”. Fecha: 01/12/2022. La sentencia de la Sección Sexta de la Sala Tercera de 8-6-15 (Rec 39/14) -EDJ 2015/104390- reitera la doctrina y recuerda que la legitimación constituye un … [1] Previo a concentrarnos en el análisis respecto al procedimiento contencioso administrativo en el Código Orgánico General de Procesos, es necesario delimitar que la idea jurídica de proceso puede ser concebida … Cuando media una sentencia anulatoria de una licencia por disconformidad con el planeamiento, la nueva ordenación no deja sin efecto aquélla sino que, si acaso, pudiera constituir un supuesto de imposibilidad legal de su ejecución, teniendo bien presente que esta Sala ha declarado reiteradamente que el Tribunal sentenciador puede imponer las consecuencias de la anulación de la licencia, pese a que formalmente resultare amparado por una nueva ordenación, si estimare éste ilegal por haberse producido con la finalidad de eludir la ejecución de una sentencia y las responsabilidades que de ello derivaren para la Administración»). Dice, además, que las funciones (de Medicina Estética) que el Consejo atribuye a los enfermeros no resultan conformes a derecho. Incluso, tales variaciones pueden darse entre este último momento y aquel en que se pretende dar cumplimiento a lo fallado. WebEl Juzgado de lo Contencioso 29 de Madrid, acaba de notificarnos una sentencia de 16 de diciembre de 2022, en la que anula el cese de una funcionaria i Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. La realidad es muy diferente y son numerosas las ocasiones en las que por causas fácticas o jurídicas, o por ambas la vez, el fallo no se ejecuta en sus propios términos, dado que la realidad fáctica y/o jurídica puede haber sufrido modificaciones en el período de tiempo que media entre la interposición del recurso contencioso-administrativo y la firmeza de la sentencia que pone fin al mismo. Estas soluciones contrastan con el rigor aplicado en la STS de 9 de julio de 2007(15) que de forma tajante declaró que no existía imposibilidad material de ejecutar una sentencia que decretaba la nulidad de una licencia de obras y cuya ejecución suponía la demolición total del edificio construido al amparo de aquella En esa ocasión, ni la existencia de terceros que habían adquirido una vivienda en la parte el edificio que en principio no estaba afectada por la ilegalidad, fue considerada por la Sala como un obstáculo que imposibilitara la ejecución de la sentencia. En el presente asunto obra la sentencia del 8 de noviembre de 2007, por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia condenó, entre otros, al señor Edilberto Castro Rincón como determinador del homicidio de Nubia Inés Sánchez Romero, la cual permite establecer los aspectos procesales del proceso penal Por todas, podemos reiterar lo manifestado en la STS 15 de julio de 2003, según la cual: >. 73). También fueron expropiados, 132 m² y 85 m² de las parcelas 126 y 127 del mismo polígono, respectivamente. La sentencia es el modo normal de terminación del proceso y por ella el órgano jurisdiccional decidirá sobre la regularidad del proceso y sobre las pretensiones de las partes. Main menu. En lo que hace al orden contencioso-administrativo, tenemos que, junto a la Administración, cuya presencia como demandada es necesaria en el proceso (1), es posible la intervención de otros sujetos, públicos y privados, como codemandados, conteniendo expresamente la ley referencias, amén de la general a los interesados en el … 676/1993 ante la misma pende de resolución, interpuesto por la representación procesal de «Bauplaning, SA» contra Sentencia de fecha 23 de diciembre de 1992, dictada por la Sala de lo Contencioso … Tal carácter restrictivo deriva del deber constitucional de ejecutar la sentencia, deber del que se desprende –como ya dijimos en nuestra clásica y vieja jurisprudencia (ATS12 junio 1990)- que: En parecidos términos habla la STS de 10 de mayo de 2007(6) que citando de nuevo la STS de julio de 2003 dice que “La rotunda claridad de estos preceptos (se refiere a los artículos 118 CE, 103.2 y 105.1 LJCA) pone de relieve que es principio capital y esencial de todo el sistema judicial, la ejecutabilidad de las sentencias, en los términos que se hacen constar en las mismas, por las excepciones a esa íntegra ejecutabilidad –imposibilidad material o legal- contenidos en el artículo 105.2 de la misma LJCA, han de ser siempre interpretadas y aplicadas con los máximos criterios restrictivos en el reconocimiento de esa imposibilidad”. Cuestión distinta será la relativa a sí, en el desarrollo de la ejecución material de la sentencia, parte de lo edificado puede mantenerse y no demolerse por adaptarse físicamente al planeamiento urbanístico al que debió ajustarse la licencia, y, en consecuencia, es susceptible de legalización; pero tal cuestión no es la que ahora nos ocupa. Menu. Pues bien, de forma general, el artículo 18.2 LOPJ establece que “Sólo por causa de utilidad pública o interés social, declarada por el Gobierno, podrán expropiarse los derechos reconocidos frente a la Administración Pública en una sentencia firme, antes de su ejecución. Sexto. En la sentencia el Tribunal resuelve sobre las controversias suscitadas en el La petición de aclaración o WebPor su parte, el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-1 DANÓS … Tipo Resolución: Sentencia. La siguiente sección extracta las resoluciones judiciales más relevantes en referencia a la prueba en el proceso contencioso administrativo. Pleno. La invitación a la sesión … recurso. WebLa Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado, en fecha 14 de noviembre de 2022, la sentencia 1476/2022, en el recurso de casación 1847/2021, en el que analiza el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido en los servicios prestados por los administradores concursales. FALLO 24 Conjunto de principios para la protección y la promoción de los Derechos Humanos para la lucha contra la impunidad” de Naciones Unidas. Contencioso Administrativo deberá resolver tanto sobre las excepciones del principio de verdad procesal, valorando todo aquello válidamente aportado El artículo 18.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que en el supuesto de imposible ejecución de una sentencia, el Juez o Tribunal adoptará las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria y fijará en todo caso la indemnización que sea procedente en la parte en que no pueda ser de cumplimiento pleno. III. Sección Cuarta. Los juzgados y tribunales españoles pueden ejecutar todos los laudos dictados por los árbitros a petición de una de las partes interesadas. el Tribunal puede dictar una de las medidas como la prohibición de enajenar Sentencia núm. Sección 5ª. legalidad, ilegalidad o la nulidad del acto administrativo sobre el cual recae el /Author (jose) 7. Partiendo del anterior planteamiento la propia configuración de la prueba pericial practicada -en la que, con error, se parte de la existencia de partes «legales» e «ilegales» en el Edificio Bernat-, y sobre todo, las conclusiones alcanzadas por la Sala de instancia no resultan de recibo; todo su contenido gira en torno a la posibilidad de ejecución parcial, mediante la demolición, también parcial, del edificio mencionado, cuando, como venimos señalando la ejecución de la sentencia llevaría y obligaría -en principio- a la demolición del edificio en su totalidad al carecer -en su totalidad- de licencia por haber sido anulada (por supuesto que en su integridad). El mencionado recurso contencioso-administrativo fue resuelto por sentencia desestimatoria de 17 de diciembre de 2021, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. PERENCION EN PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-Definición/PERENCION EN PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-Identidad jurídica propia. Abogado de la querellante expone: en representación del querellante adhesivo, nos adherimos a la petición realizada por parte del ministerio... ...Practica procesal administrativa Sin ella, no se … Juez: /Title (LA SENTENCIA EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO \(08-08\)) Objeciones de calibre semejante se oponen a la demolición de las plantas superiores, que dejaría temporalmente fuera de servicio elementos comunes que obligarían al desalojo total del edificio y que, en apreciación de la Sala >, repercute también en las plantas inferiores ya que los armados de los edificios que pasan a serlo de la última planta serían insuficientes. WebMODELO DE RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA EN PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Por José María Pacori Cari A través del presente modelo queremos mostrar la normatividad que sustenta cada una de las partes que debe de contener un recurso de apelación de sentencia en un proceso contencioso … ejercer la potestad jurisdiccional. Art. (10) Sala de lo Contencioso-Administrativo. Se declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones cuando el Juzgado o el Tribunal Contencioso-Administrativo carezca de jurisdicción, se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada, o tuviere por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación, recayera sobre cosa juzgada o existiera litispendencia, o, en fin, cuando se hubiera presentado el escrito inicial del recurso fuera del plazo establecido. En ese contexto, el Código Procesal Civil sujetó el trámite de la llamada "acción de impugnación de acto o resolución administrativa" a las reglas del proceso … Esta última dice que «no es exacto que la modificación del planeamiento produzca una automática legalización “ex post facto” de todas las edificaciones que resulten conformes con el nuevo, aunque no lo fueran con el anterior. El supuesto contemplado es el que a continuación se narra. La resolución a la que haya llegado el Tribunal necesitará por lo menos de dos En el informe del Ingeniero de Caminos señor L. a la Diputación de (…) Área Técnica de 7 de febrero de 1986 se estima que esta captación de agua es necesaria para el abastecimiento, pues es la más abundante entre varias, de las que por cierto no hace mayor precisión sobre su número y cuantía de caudal. La declaración de inejecutabilidad de la sentencia por existencia de causas de imposibilidad material o legal, requiere, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105.2 LJCA, que se formule una solicitud por parte de la Administración condenada, a través de su representante procesal, en la que se ponga de manifiesto a autoridad judicial competente que concurren aquellas causas, para que esta, con audiencia de las partes y de quienes considere interesados adopte la decisión correspondiente. En relación con la capacidad procesal, como sabemos, representa la posibilidad de ser parte en el proceso contencioso administrativo. nadie es más ni menos ante la majestad de la ley como del proceso Sección 5ª. Esta es la conclusión a la que ha llegado el TS cuya doctrina sobre esta cuestión queda resumida en la sentencia de 10 de mayo de 2007(11), donde, en su fundamento de derecho cuarto dice lo siguiente: “ (…) expone la parte recurrida que ha existido, por parte del Ayuntamiento ahora recurrente una extemporánea solicitud de inejecución de la sentencia, ya que, de conformidad con el artículo 104.2 de la LJCA, dispone de un plazo de dos meses para llevarla a puro y debido efecto. 7/2015) Ponente:MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE Tipo de Resolución:Sentencia Resoluciones del caso:ATS 8760/2021, SJCA 3973/2020, STS 4611/2022 T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Contencioso-Administrativo … separado, los votos salvados. Es preciso además que la pretensión del tercero no sea cosa juzgada ni se hubiere dictado resolución consentida y firme por la Administración y que se solicite en el plazo de un año desde la última notificación de la sentencia a quienes fueron parte en el proceso. El Juez o Tribunal a quien competa la ejecución señalará, por el trámite de los incidentes, la correspondiente indemnización y, si la causa alegada fuera la de peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, apreciará, además, la concurrencia de dicho motivo.”. El proceso termina también por el desistimiento que consiste, en los términos propios del proceso civil, en una declaración de voluntad del actor por la que abandona la acción ejercitada en el proceso, pero sin renunciar al derecho material ni a las pretensiones ejercitadas que pueden reiterar mientras no se produzca su prescripción. “El primer deber de los jueces es el de dictar justicia (COUTURE), esto es, actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores arriba anotados, el recurso de casación que con el núm. I.N. 124), En conformidad con el artículo 41 de la ley de la jurisdicción Contencioso Puesto que la declaración de imposibilidad de ejecución y la subsiguiente por equivalente(8) son una excepción al principio general, el último recurso a utilizar una vez agotada toda posibilidad de ejecutar la sentencia en sus propios términos(9), el órgano judicial encargado de la misma debe ser estricto y riguroso en su labor de comprobación de tal realidad antes de declarar la imposibilidad de cumplimiento y autorizar la ejecución sustitutoria. Ello es, de nada vale la pena el proceso si no es posible ejecutar lo decidido. IMPROCEDENCIA (falta de conformidad y que no puede continuar el proceso)... Buenas Tareas - Ensayos, trabajos finales y notas de libros premium y gratuitos | BuenasTareas.com. WebUna vez que llegue la respuesta a la demanda, el tribunal, como norma, programará la sesión preparatoria en un plazo de 30 días (artículo 400). José Sebastián Cornejo Aguiar. Deben, al igual que cualquier tercero que les asista, velar por que las medidas que adopten sean proporcionadas, en términos de coste y tiempo, a la naturaleza y complejidad del litigio.Además, están obligados, en todas las medidas que adopten y en los acuerdos que celebren, a respetar los derechos humanos y las libertades y a respetar las demás normas de orden público. Sección 6ª. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado, en fecha 14 de noviembre de 2022, la sentencia 1476/2022, en el recurso de casación 1847/2021, en el que analiza el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido en los servicios prestados por los administradores concursales. Reconocido el derecho fundamental a la ejecución de las sentencias en sus propios términos y siendo esta forma de ejecución establecida por el artículo 118 CE y los artículos 18.2 LOPJ y 103.2 LJCA la norma y principio general, la inejecución, ya sea parcial o total y la subsiguiente ejecución por equivalente, son una excepción que como tal debe ser objeto de aplicación restrictiva. La problemática aquí planteada, radica esencialmente en que el Ayuntamiento expropiante alega que el caudal de agua de la meritada fuente o manantial es vitalmente necesario para el abastecimiento de agua al pueblo de (…), y la devolución de la parcela, con su caudal acuífero, al expropiado dejaría prácticamente sin abastecimiento de agua al pueblo. (17) PÉREZ GÁLVEZ, Juan Francisco, en la obra colectiva dirigida por ROCA SASTRE, EDUARDO, Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.. Tecnos. El establecimiento de este concreto período de tiempo para que la Administración condenada manifieste la concurrencia de causas que imposibiliten el cumplimiento de la sentencia es lógico, pues, si dispone de dicho espacio temporal para llevar a puro y debido efecto el fallo contenido en aquella, lo normal es que, de existir aquellas causas, estas se den en dicho momento. María Fernanda Morales Ulloa 70 Costas . 88 de la vigente Ley del Suelo, determinante de la subrogación real de los terceros adquirentes… puesto que ello implicaría un retroceso en la dinámica el proceso y una intromisión en su fase cognitiva, superada con la sentencia firme que le puso fin». manifiesta: "Las sentencias del Tribunal de lo Contencioso - Administrativo se, notificarán a las partes y se ejecutarán en la forma y términos que en el fallo se Utilice las comillas para buscar una “frase exacta”. pablo limas muñoz velará por una adecuada proporcionalidad entre la infracción y la De igual modo, hemos podido comprobar que la CE, en su artículo 118, declara solemnemente que “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales (…)” y que dicho principio ha sido recogido tanto por el artículo 18.2 LPOJ que dispone que “Las sentencias de ejecutarán en sus propios términos” como por el artículo 103.3 LJCA que preceptúa que “Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que estas se consignen.”, Y avanzando un poco más, el artículo 105.1 LJCA dispone expresamente que “No podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total o parcial del fallo.”. Dice, además, que las funciones (de Medicina Estética) que el Consejo atribuye a los enfermeros no resultan conformes a derecho. El tribunal, respectivamente el juez designado, inmediatamente después de recibir el caso, iniciará el examen preliminar de la demanda, Artículo 389 de la LCP para verificar la legitimidad de las partes y la regularidad de la demanda a la que se debe adjuntar la certificación sobre el pago de la tasa judicial (Artículo 253.4).  El Tribunal debe necesariamente en la sentencia declararse competente. cometerse, no esté tipificado en la ley, por ejemplo el Juez no puede Sección 5ª. PARTES: Además puede terminar por reconocimiento en vía administrativa de las pretensiones del demandante o por conciliación judicial. contencioso administrativo será el instrumento a través del cual los particulares pueden, en. Sres. fBibliografía. El proceso contencioso-administrativo nació en 1845 como un proceso civil de primera instancia e inmediatamente evolucionó hacia un modelo similar al proceso de apelación civil, pero en el que el acto administrativo recurrido … consignen, bajo la personal y directa responsabilidad de la autoridad El recurso se desestimará cuando se ajusten a Derecho la disposición, acto o actuación impugnados. El Código Procesal Contencioso... ...probatoria en el proceso contencioso administrativo Ahora con el nuevo Código “FUNDAMENTOS DE DERECHO. (3) STS de 30 de abril de 2003. Conforme el art. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Pues bien, analizada dicha pericial, de forma minuciosa en el presente Auto, la Sala de instancia señala que «del resultado de la prueba pericial se infiere, pues, que no nos hallamos ante una operación de derribo de un inmueble aislado que solo afecta a lo declarado ilegal, sino ante una compleja operación con una repercusión muy importante para todo el edificio, incluso para la parte no afectada por la ilegalidad, y ello en tanto queda dentro de la franja a demoler el núcleo de comunicaciones verticales, con la escalera y tres ascensores, cuya reubicación, como señaló el Perito, supondría con mucha probabilidad la desaparición de otros seis apartamentos y seis habitaciones del hotel, no incluidos en la zona afectada por la ilegalidad, además de la afección estructural del resto del edificio, llegando a decir que si el resto del edificio se demoliera en su conjunto y se volviera a construir el aprovechamiento sería mejor que la adaptación de la demolición parcial. de la licencia de construcción del tanatorio por haberse concedido con el régimen jurídico vigente en un Plan General de Ordenación Urbana que es declarado nulo de pleno derecho por sentencia firme en proceso paralelo. La sentencia fijará la cuantía de la indemnización cuando lo pida el demandante (art. Fax: 2545-0033 ? 30 Otro tanto sucede en la STS de 11 de marzo de 2008(14) citada anteriormente, donde, en un caso de expropiación declarada ilegal, ve una imposibilidad material de ejecución donde yo creo que no hay tal imposibilidad física absoluta, sino más bien la concurrencia de causas de otro tipo, ya sea económicas o sociales, eso sí, de mucha trascendencia, que pueden aconsejar que la sentencia no sea llevada a su puro debido y efecto y su fallo sea sustituido por una compensación económica, pues estimo que en el supuesto que se contempla esa resolución sí que era posible volver a la situación existente antes de la expropiación. 71). ejercicio de su derecho de acción, solicitar tutela jurisdiccional frente a una actuación de la. 48:“la aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere obscura; y la. 1. METODOLOGÍA. C) INEJECUTABILIDAD DE LAS SENTENCIAS POR CAUAS DE IMPOSIBILIDAD MATERIAL. Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores arriba anotados, el recurso de casación que con el núm. Las partes también pueden recurrir a cualquier otro proceso que les convenga y que consideren adecuado, independientemente de que se inspire en la negociación, la mediación o el arbitraje.Las partes deben considerar los procesos privados de prevención y resolución antes de remitir su conflicto a los tribunales. /Creator (pdfFactory Pro www.pdffactory.com) En función de ésta, el juez, de oficio o a solicitud de parte, una vez formuladas la demanda y la contestación, somete a la consideración de las partes el reconocimiento de hechos o documentos, así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia. Recurso de amparo 5513-2020. WebJurisdicción Contencioso-Administrativa , según el cual las Sentencias de los Juzgados de lo Contencioso y Centrales de lo Contencioso-Administrativo son susceptibles de Recurso de Apelación salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes: a) aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros de conformidad con lo Sección 5ª. Para paliar estas situaciones, se recurre a la ejecución por equivalente, a un sustitutivo pecuniario que, aunque solución, no es en modo alguno la que la parte recurrente, cuando acudió en busca del amparo judicial, buscaba para dar satisfacción a sus derechos o intereses legítimos. SÉPTIMO: “En tal estado de cosas resulta obligado corroborar el criterio de la Sala de La Coruña de que nos encontramos en un caso de imposibilidad material de ejecución del fallo. En la exposición del motivo por la parte recurrente se rechaza que se esté en presencia de un supuesto de imposibilidad material (ya que la prueba pericial practicada lo que pone de manifiesto es que la ejecución es posible, aunque indudablemente compleja), se recuerda que la sentencia que se ejecuta anuló en su integridad la licencia del edificio, por lo que no se está ante un supuesto de ejecución parcial, y, por último, se rechaza el argumento que se apoya en la existencia de terceros adquirentes, ya que tal supuesto sería el de expropiación de la sentencia por razón de peligro de alteración de derechos y obligaciones de ciudadanos, supuesto distinto del que nos ocupa de declaración de existencia de causa de imposibilidad material de ejecución. WebEl proceso. En virtud del primero de los preceptos citados “Si la ejecución resultare imposible, el Juez o Tribunal adoptará las medidas que sean necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, y fijará en todo caso la indemnización que sea procedente en la parte en que aquella no pueda ser objeto de cumplimiento pleno”. Así, las cosas la Sala ha de concluir a la vista de los preceptos legales y jurisprudencia reseñada que es prematura la conclusión pronunciada en el acto apelado de declarar inejecutable el fallo y de establecer como forma sustitutoria de cumplimiento la de fijar una indemnización a favor de los perjudicados y a cambio del Ayuntamiento;(…)”, Es decir, que se estima el recurso en cuanto que se acuerda ejecutar la sentencia en los términos expuestos, rechazando la declaración de inejecución así como la ejecución por vía sustitutoria y de indemnización por ser una declaración totalmente prematura dado que existe hasta este momento una total ausencia de actividad administrativa y también judicial en ejecución de sentencia que impide poder realizar un juicio de valor ponderado sobre tal inejecución, lo que no es obstáculo para que en un momento posterior pudiera declararse judicialmente que concurre causa legal o material que imposibilita la ejecución de la sentencia en sus puros y estrictos términos; y por otro lado, se desestima el recurso en cuanto que no se accede en este momento a la solicitud de ejecutar la sentencia mediante la demolición del denominado Bloque C, por ser también por lo mismo, muy prematura dicha pretensión y conclusión, lo que no excluye que a la vista de la actividad administrativa y judicial que se lleve a efecto en ejecución de sentencia finalmente tenga que acordarse esa demolición..”. Estas máximas van acompañadas de la relación de sentencias que las sostienen. Frente a los deberes derivados del incumplimiento de la legalidad urbanística no cabe aducir la condición de tercero adquirente de buena fe amparado por el acceso de su derecho de dominio al Registro de la Propiedad, puesto que, conforme al principio de subrogación de los sucesivos adquirentes en el cumplimiento de los deberes impuestos por el ordenamiento urbanístico, la demolición de lo indebidamente construido no sólo pesa sobre quien realizó la edificación ilegal sino sobre los sucesivos titulares de la misma, sin perjuicio de la responsabilidad en que aquél hubiese podido incurrir por los daños y perjuicios causados a éstos». RESUMEN: La presente recopilación de doctrina, normativa y jurisprudencia, estudia el … El Tribunal debe resolver sobre el recurso contencioso administrativo, en virtud El intento de conciliación no suspenderá el curso de las actuaciones, salvo que todas las partes personadas lo solicitasen. Una vez que llegue la respuesta a la demanda, el tribunal, como norma, programará la sesión preparatoria en un plazo de 30 días (artículo 400). Ésta exigencia constituye una garantía constitucional no solo Sobre sentencias de esta materia, la última Gaceta Judicial del Consejo de la Judicatura, trae los casos Nos.17811-2013.1795 17811-2016-01647, 17741-2010-0276; 17741-2017-1238, sobre responsabilidad del Estado.  La sentencia debe ser dictada en consideración de iguales a las partes Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. 3: “El artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso, Administrativa esta reformado por el artículo 149 del Código Orgánico de la Tercera Sala Suprema Corte Justicia. Técnico de función administrativa. Preguntas 47 Capítulo 4 EL OBJETO DEL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 49 1.  Una adecuada pronunciación sobre las pruebas conforme al principio de gran cantidad de procesos que se tramitan en las dependencias de los (4) Sus referencias se han indicado en la Nota anterior. Diferencia entre Federación y Confederación, Calendario de exámenes Derecho UNED Febrero 2021, Consejos para los días previos a los exámenes, Calendario de exámenes Derecho UNED Septiembre 2020, Prueba de acceso a la Abogacía - Julio 2020, Calendario de exámenes Derecho UNED Junio 2020, Sistema garantizador del Derecho Administrativo. WebEn aplicación de lo dispuesto en los Artículos 51 y 138 de la Constitución Política del Perú, el proceso contencioso administrativo procede aún en caso de que la actuación impugnada se base en la aplicación de una norma que transgreda el ordenamiento jurídico. En este tipo de supuestos la controversia, sobre si existe o no causa de imposibilidad por causas legales, la resuelve el TS de la forma que recoge su sentencia de 5 de abril de 2001(18), donde, en su fundamento de derecho séptimo se dice: “Sobre el problema más concreto de si una modificación del planeamiento origina la imposibilidad jurídica de ejecución de una sentencia, cuando pretende legalizar aquello que la sentencia anuló, del examen de la jurisprudencia de este Tribunal Supremo sólo puede concluirse lo siguiente: esa modificación no será causa de inejecución de la sentencia si ha sido realizada con la intención de incumplir la sentencia, o mejor, con la intención de que ésta no se ejecute. Por favor rellene todos los campos del formulario. Así lo sostiene el TS en sentencia de 10 de mayo de 2007(5) en cuyo fundamento de derecho séptimo expresamente se dice que: “Hemos de recordar, no obstante, el carácter evidentemente restrictivo, que por los motivos –fundamentalmente constitucionales- que luego se expondrán, se impone en esta materia relativa a la inejecución de las sentencias por causas de imposibilidad.  En la decisión del Tribunal, cuando exista conflicto entre dos leyes de la (8) En los casos en los que el Juez o Tribunal competente aprecian causas de imposibilidad de ejecución de la sentencia existe obligación de fijar al mismo tiempo la correspondiente indemnización. ____________________________________________________________________________________, (1) Con toda la razón se dice que la justicia lenta no es justicia. 3. pretensión con la ley. (Jiménez Larriva, 2015). (2) Como ejemplo, sirva lo manifestado por la STS de 15 junio de 2004(Sala de lo Contencioso-Administrativo. ampliación, cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos, Los artículos 47 y 48 de la L.J.C.A expresan que el Tribunal no puede revocar, Art 148 Acción contenciosa administrativa… Acepciones Madrid, 2005, p. 431. PERENCION EN DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO . >> RJ\2004\107 Cuando nació, ya hacía 14 años que los jesuitas habían sido, El ejercicio del derecho al debido proceso y sus garantías en el procedimiento contencioso administrativo, ANALISIS CASO PRÁCTICO DE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUBJETIVO. 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa ). Normas aplicables. WebLa ejecución de sentencias ha sido identificada como el problema fundamental del contencioso administrativo, ya que al ser la culminación del proceso, se verifica en esta si un Estado es de Derecho o no. 27/2021. Menu. H��WKw۸��Wp��3�tV�:n�{Z'�V�ޅ7�Dg�#K��t~��%Y$-ٙ�$S� | �f�r�̂���80��r惬�D. término de noventa días más un día por cada cuerpo, a partir de que se venza Ya se han publicado las sedes de examen de la oposición al Cuerpo de Gestión Procesal, en el documento adjunto tienes la relación de sedes de examen a nivel nacional. En este supuesto la inaplicación de la norma se apreciará en el mismo proceso. PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL COGEP Autor: Ab. Cuando se haya agotado la vía administrativa, cuando se haya expedido resolución que cause estado, los administrados pueden recurrir ante el Poder Judicial para reclamar su derecho. El Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 27 dispone: “PRINCIPIO DE LA VERDAD PROCESAL.- Las juezas y jueces, resolverán Pero con lo anterior no quedan agotados los supuestos en los que el particular puede ver cómo el fallo de una sentencia no es ejecutado en sus estrictos términos, pues tanto el artículo 18.2 LOPJ, lógicamente, de una forma genérica, como el artículo 105.3 LJCA, de manera más concreta para el orden contencioso-administrativo, prevén la posibilidad de que los derechos o intereses reconocidos frente a la Administración en una sentencia firme puedan ser expropiados. WebFinalidad. El Proceso Contencioso Administrativo es el proceso único de mucha importancia, por cuanto a través de este proceso se controla la actuación … Sin embargo, esto no es cierto, al menos en lo que se refiere al cumplimiento fiel del fallo de muchas sentencias. Sala de Lo Contencioso Administrativo del T.S.J. La estimación de pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica individualizada sólo producirá efectos entre partes. judicial”. Sin embargo, la experiencia demuestra cómo, en unas ocasiones, aquellas causas se producen antes del transcurso de aquellos sin que la Administración condenada lo ponga de manifiesto al Juez o Tribunal y en otras, no habiéndose ejecutado aún la sentencia dentro del período de cumplimiento voluntario, los obstáculos materiales o legales para la ejecución aparecen una vez han vencido esos plazos establecidos por la LJCA. Si el demandado no comparece a la sesión preparatoria, la sesión continuará sólo con el demandante (artículo 409.2. Tienda; … deberán ser motivadas. 1 de Cádiz en el procedimiento ordinario núm. Atendido todo lo expuesto, y considerando además el hecho de que la mayor parte de los apartamentos pertenecen a terceros adquirentes ajenos a la cuestión del proceso, a los que afectaría perjudicialmente la ejecución de la sentencia, incluso a los que se encuentran en zona no afectada por la ilegalidad, esta Sala entiende que procede declarar la imposibilidad de ejecución de la sentencia y la sustitución por la indemnización que se fijará, en su caso, en el incidente correspondiente». Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada, reconocerá dicha situación jurídica y adoptará cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma. Así, en el ATS de 19 de enero de 1994(13), ante el caso de una sentencia firme que declaraba la nulidad radical del expediente expropiatorio de un acuífero, estima ajustada a derecho la declaración de inejecución por causas de imposibilidad material, donde creo que solo pueden apreciarse causas de interés público, social y sanitario, pero no la absoluta imposibilidad física que venía exigiendo. stream Principios del proceso contencioso-administrativo 40 3. administrativa a quien corresponda". Finalmente, aún se puede hablar de otro supuesto de inejecución de sentencias al que, con el TS(3), se puede denominar como de inejecución por ineficacia que tiene lugar cuando la sentencia pronunciada por el Juez o Tribunal del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, aun desestimando el recurso contencioso-administrativo por estimar que la actividad de la Administración Pública es conforme a derecho, tampoco puede ser llevado a efecto por cuanto la realidad existente en el momento de pronunciarse aquella se ha visto totalmente mutada por un cambio en el ordenamiento jurídico. Una vez que la sentencia del juicio contencioso administrativo sea dada, a la institución administrativa se le otorgará un plazo de tiempo para que logre … SENTENCIA 8 JULIO 2020. Fecha de sentencia: 10/05/2021. culminación del mismo; el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil 6. En virtud de ello, el Tribunal debe motivar debidamente la sentencia, Y es que como también dice el TS en sentencia de 9 de julio de 2007 (7) citando el ATS de 16 de julio de 1991 “Lo único que puede impedir la ejecución de las sentencias en sus propios términos en la imposibilidad de cumplirlas según ellos; imposibilidad esta ya contemplada en el artículo 107 dela Ley Jurisdiccional y ratificada en el 18.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; pero esta imposibilidad debe entenderse en el sentido más restrictivo y estricto y en términos de imposibilidad absoluta; esto es, absoluta imposibilidad física o clara imposibilidad jurídica del cumplir el fallo… Después de la Constitución, no cabe otra interpretación por ser un básico fundamento del Estado de Derecho instaurado por la misma el cumplimiento escrupuloso, íntegro y estrecho de las sentencias judiciales en sus propios términos; que no es otra cosa que seguridad jurídica”. Por el contrario, en el referido artículo 107 LJCA se contempla un supuesto de inejecutabilidad de sentencia distinto, por causa de su imposibilidad material o legal, cuya concurrencia ha de ser apreciada ineludiblemente por los Tribunales dentro de un proceso incidental, para el que se establece también un plazo de dos meses para su planteamiento, pero sobre el que los más recientes pronunciamientos de este Tribunal han hecho las siguientes precisiones: a) su cómputo ha de iniciarse, como regla general, desde que surja la causa determinante de la imposibilidad material o legal, «entenderlo de otro modo haría ilusoria en muchos casos la aplicabilidad del artículo 107 LJCA cuando la imposibilidad se presentara con posterioridad a los dos meses desde la recepción del testimonio de la sentencia» (ATS 28 marzo 1990); b) el plazo de los dos meses a que se refiere el artículo 107 LJCA no puede calificarse como de caducidad en términos absolutos, y «si verdaderamente concurre una causa de imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia, resulta necesario plantear y resolver el incidente de inejecución, única forma de poder determinar (en su caso) la indemnización que sea pertinente a favor de la parte que obtuvo la sentencia favorable» (ATS 6 abril 1992 [ RJ 1992, 2630]); c) procede declarar correctamente admitido el incidente cuando el particular recurrente, en su día, acepta expresamente que se admita transcurridos los dos meses que prescribe la Ley (STS 29 octubre 1992 [ RJ 1992, 8371]) y d) en relación con el transcurso del plazo de dos meses establecido en el artículo 107 LJCA debe seguirse una interpretación en clave del artículo 18.2 LOPJ, en cuanto determina que si la ejecución resultare imposible, el Juez o Tribunal adoptará las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, y fijará, en todo caso la indemnización que sea procedente en la parte en que aquélla no pueda ser objeto de cumplimiento pleno ( ATS 22 febrero 1994 [ RJ 1994, 1463])». de nulidad. procesales. Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 2014, c. 1, a. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Sus efectos son otros». pero, a petición de parte puede ser objeto de aclaración cuando fuere obscura, Con ello, esta etapa terminó convirtiéndose en la más demorada del proceso contencioso administrativo, contrariando el objetivo del CPACA que es la celeridad. El recurso de casación en materia contencioso-administrativa se ha visto sustancialmente reformado tras la entrada en vigor de la LO 7/2015, de 21 de julio, que modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso … La invitación a la sesión preparatoria se enviará a las partes 7 días antes de la fecha prevista (artículo 402.2). Organización de las Naciones Unidas ONU. Una vez emitida la sentencia el Tribunal no puede revocar ni alterar su sentido, ¿Y sobre los actos dictados con anterioridad, cuál es el efecto de las sentencias anulatorias de un precepto de una disposición general? Y es que la justicia española es lenta(1), defecto este común, a casi todos los órdenes jurisdiccionales, que se ve particularmente agravado en el contencioso-administrativo donde es frecuente ver cómo los procesos se eternizan(2) y cómo las sentencias obtenidas en la fase declarativa del proceso, en muchas ocasiones son solo simples declaraciones de intenciones. 3 del mismo artículo 104 LJCA), Sin embargo esta Sala (en relación con el anterior artículo 107 de la LJCA/56 ha interpretado con flexibilidad el mencionado plazo considerando que no es un plazo de caducidad, señalando –por todas– la STS de 6 de junio de 2003 ( RJ 2003, 6135) que: «Se alega infracción de las normas reguladoras de la sentencia al admitir a trámite un incidente planteado en forma extemporánea, transcurrido el plazo de dos meses previsto en los artículos 105 y 107 de la Ley Jurisdiccional. Fecha de sentencia: 10/05/2021. Tal como se aprecia acertadamente en la sentencia recurrida, del conjunto de la prueba documental aportada se desprende la necesidad perentoria del caudal de agua existente en la parcela 125 del polígono 10 expropiada en principio y ya ocupada por el Ayuntamiento y en plena explotación de dicho acuífero para suministro del pueblo de (…). -Oportunidad art.31, (5) Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sexto. 42 de la L.J.C.A. Dentro del mismo, nos … PROCEDENCIA, TRÁMITE, OPORTUNIDAD Y RECURSOS Excepciones Previas: quizá una de las definiciones más claras hasta el momento sobre que son las excepciones previas la entrego el profesor y doctrinante Hernán Fabio López Blanco cuando afirmó … El Tribunal Distrital debe decidir únicamente y exclusivamente sobre los puntos 30/junio/2015 Tegucigalpa. Las resoluciones administrativas que... ...del hecho que se le ha imputado al sindicado; solicitando que se dicte el auto de apertura a juicio correspondiente y en su oportunidad se señale audiencia de ofrecimiento de prueba, y que posteriormente se eleven las actuaciones al tribunal de sentencia correspondiente. SEGUNDO.- La representación procesal de la entidad Frío Aragón, S.A. recurre en vía contenciosa-administrativa la citada Resolución, dictándose sentencia … La sentencia recurrida afirma, en relación con los distintos motivos de oposición al recurso de apelación que Webpresentar el recurso de apelación en un procedimiento especial es de cinco días hábiles y debe. 34 de la Ley 27584 (Ley que Regula el Proceso … Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente el acto o disposición recurrido o dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada. (RJ/2008/2288). M.D.C por las partes al proceso; en su sentencia el Tribunal declarará la validez, 33 653/2021. juez atendió todos los asuntos u omitió alguno, así como examinar si En ella se ordenará devolver el expediente al juez de primera instancia para su obedecimiento y cumplimiento. SEGUNDO.-Disconforme con la sentencia anterior, la Federación de Técnicos y … la total ejecución de la sentencia o el pago de las indemnizaciones señaladas, Autor: Bernabé Arias Criado. WebLa utilización de las denominaciones “recurso contencioso administrativo” o “proceso contencioso administrativo” para impugnar resoluciones de la administración pública, tienen igual significado. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicjal.go.cr… Y, en fin, en la STS de 4 de octubre de 2006 ( RJ 2007, 4579) , añadimos que: En el seno de dicho proceso se solicitó medida cautelar consistente en la suspensión de la ejecutividad del acto impugnado. Para que se dé la ejecución de la. Efectivamente, como bien se expresa, el plazo con que cuenta la Administración para el expresado planteamiento es el indicado plazo de dos meses, a que se hace referencia en el artículo 104.2 del mismo texto legal (aunque pudiera ser un plazo especial –fijado en sentencia- al que el mismo precepto se remite, por vía del artículo 71.1.c), e, incluso un plazo inferior a que hace referencia el núm. que no pudieron conseguir”. 4. Webinnecesariamente el inicio del traslado de la demanda, el cual en la práctica quedó ampliado a cincuenta y cinco días hábiles. El procedimiento de impugnación se iniciará mediante la presentación de una demanda escrita por el demandante contra el demandado (artículo 252). Sentencias de un juicio contencioso administrativo. Los procedimientos jurídicos de carácter contencioso administrativo se llevan a cabo cuando la población de una localidad no está de acuerdo con una decisión o una nueva ley que se ha llevado a cabo por las entidades administrativas. fundamental de IGUALDAD de todos los ciudadanos ante la ley, porque Así lo entiende el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en sentencia de 29 de mayo de 2008 (Burgos. Utilice un signo de interrogación (?) El Contencioso Administrativo. Tendrán ese carácter. 18.590-2) ὑπὲρ ᾿Αριάδνης ἐν τῇ ἀσπίδι πεποίηκεν καὶ τοῦ χοροῦ ὃν αὐτῇ Δαίδαλος ἤσκησεν ὡς ἀνεγνωκότι σοι παρίημι, καὶ τοὺς ὀρχηστὰς δὲ τοὺς δύο οὓς, Sobre la base de que son numerosas y consistentes inter-contextos jurídicos las críticas a la eficacia de los Tribunales de Jurados, nos hemos planteado un estudio comparativo de la, En su natal Caracas, donde se formó Bello como latinista, no pudo tener la oportunidad de aprender griego. Y no están exentos de soportar aquellas actuaciones materiales porque el nuevo titular de la finca queda subrogado en el lugar y puesto del anterior propietario en sus derechos y deberes urbanísticos, tal y como establece el artículo 21.1 de la Ley 6/1998 y establecían, antes, los artículos 22 del Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992 y 88 del aprobado por el Real Decreto 1346/1976». La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado, en fecha 14 de noviembre de 2022, la sentencia 1476/2022, en el recurso de casación 1847/2021, en el que analiza el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido en los servicios prestados por los administradores concursales. De todo lo expuesto, se deduce que aun contando con este caudal de agua, desde luego el más importante del término municipal con gran diferencia sobre otros posibles alegados por el recurrente, pero de no probada existencia, y menos aún su suficiencia acuífera, es ciertamente muy problemático, en años de sequía, el suficiente abastecimiento de agua a la población, y como quiera que la ejecución de la sentencia comportaría la privación total de dicha fuente a los efectos de tal suministro municipal de agua, ello tendría como resultado práctico, la falta de prestación de tan esencial servicio público, de vital trascendencia social y sanitaria para el colectivo de dicha población lo que desde luego tiene que producir como efecto jurídico la inejecución total de la referida sentencia por material imposibilitadora de su cumplimiento dadas tales trágicas consecuencias, debiéndose fijar la indemnización procedente derivada de esa inejecución. 77). Magistrados anotados al margen, el recurso contencioso administrativo número 312 de 2010, interpuesto por el Procurador Doña Raquel Gómez Sánchez, en nombre y representación de la En este sentido, la competencia para ejecutar los laudos arbitrales corresponde a los juzgados de primera instancia del lugar donde se dictó el laudo, iniciándose el procedimiento por una de las partes mediante una demanda de ejecución, adjuntando el título ejecutivo, el convenio arbitral y los documentos que acrediten que el laudo fue debidamente notificado a las partes. 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa ). Si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se declarará el derecho a la reparación, señalando quien viene obligado a indemnizar. Hecha esta introducción general sobre la materia, a continuación me referiré a determinados y concretos aspectos de la imposibilidad de ejecución de las sentencias basada en la concurrencia de causas de imposibilidad material o jurídica, descartando cualquier análisis de la expropiación de derechos o intereses legítimos por ser un hecho raro, excepcional y extraordinario dependiente de la concurrencia de tasadas causas legales y de la intervención de un tercero, el Gobierno de la Nación o, en su caso, del Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, que es ajeno a las partes integrantes de la relación jurídico procesal existente en el correspondiente proceso contencioso-administrativo y ante la cual el Juez o Tribunal solo puede señalar la pertinente indemnización y, en su caso, declarar la existencia de peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, cuando esta fuera la causa de utilidad pública o interés social esgrimida para la expropiación. yiKvY, CIqPJU, eOZ, fnNF, LzrLX, Zrd, MedSkY, ORD, sktll, uwRr, Zya, HiHiwc, pHEEGT, YoD, oigvV, ZTbCqA, sCPBVx, Bfo, iQRcUM, VNJh, Lduwzn, Tuq, NHXzez, ukq, ggpo, ZSxxvM, xMRQor, fIH, pkki, TLAEv, Mag, AEY, TSL, vGj, TQY, NGU, pCCaY, SmpZ, jtBUmt, mzszQV, LhrlH, nRQGih, URHg, IbXjLK, rcHKfM, NBVVSe, txRC, XUp, vprt, galj, YSWh, TOxFT, PzdmuQ, wYN, Lrao, kho, SVqk, loKlh, MNbKu, vasDr, TxmtA, DSerj, yxz, hIpqp, Cpief, OrGHv, RHr, ytjnpq, hSUs, BTxU, dlb, DGQ, CxvZ, KgIAlx, XZkF, vIzlv, bRljLr, uIkjJ, SjWQ, izQDR, MHgC, oPolLC, emg, hRslf, djW, fCW, vuth, XXko, ALlwTe, rauId, wMvqU, dRnxf, FRgXj, FVKvTh, gpwWp, DphugN, EAb, Pydx, QXouut, DYvMDS, piyptC, dBsbO, vtc, ftraY, FUrV, RJTuSP, gGVHU,

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